Inmersas en rezagos históricos, comunidades indígenas del país enfrentan la emergencia sanitaria por la COVID-19 bajo la desinformación y el retraso en la aplicación de medidas de contención, a la vez que siguen bajo el acoso del crimen organizado, empresas y grupos gubernamentales y políticos, según refieren los resultados de dos monitoreos aplicados en 13 estado.  


Raúl López Téllez

Información retrasada a la par de medidas de protección sanitaria ante la COVID-19, llegaron tarde a comunidades indígenas, donde existen factores de rezago social y edad que posibilitan mayores contagios al igual que no se tiene un acceso directo al apoyo médico o de instituciones hospitalarias, pues en la mayoría de los casos hay que trasladarse por horas para llegar a una clínica del IMSS-Bienestar.

Así lo refiere resultados de dos monitoreos realizados por nueve organizaciones de la sociedad civil en 42 comunidades con menos de mil habitantes en su mayoría, ubicadas en 13 entidades y consideradas “las menos atendidas por el Estado mexicano, en algunos casos no tiene acceso a servicios de salud”, además de que se encuentran “en conflictos abiertos con empresas, gobiernos o el crimen organizado”.

En las conclusiones, el estudio refiere que aunque las medidas del gobierno federal a partir del 30 de marzo, cuando se establecieron las medidas de sana distancia y restricción de actividades, “fueron dictadas para toda la población, no tuvieron un enfoque culturalmente pertinente ya que no contemplaron las distintas realidades del país, particularmente aquellas que viven los pueblos indígenas y equiparables”, por lo que “al no desarrollar ningún plan específico, la información y las medidas de protección sanitaria han llegado tarde a estas comunidades”.

Las consultas se realizaron en dos semanas, el primero entre el 29 de abril y el 6 de mayo; el segundo, del 11 de mayo al 26 del mismo mes, donde la obtención de datos se logró mediante llamadas telefónicas a las autoridades comunales “y otras personas clave en las comunidades”. Los estados contemplados en el muestro, se ubica Michoacán, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Zacatecas y Chihuahua.  

Como factores de rezago social que las organizaciones consideran inciden en un posible aumento de casos, citan el que 40.5 por ciento de personas que habitan las comunidades tienen más de 60 años de edad, y el 17.4 por ciento de ellos “viven en pobreza extrema”. Otro dato es que un 20.9 por ciento de menores de cinco años padecen desnutrición crónica (11.1& en zonas urbana), además de sobrepeso-obesidad, que entre el año 2012 al 2016 aumentó de 61.1 por ciento a 67.5 por ciento y de 68.9 a 74.7 por ciento en hombres y mujeres, respectivamente. De la población total del país, u 10 por ciento está representada por los indígenas, quienes habitan 6 mil 830 ejidos y comunidades.

A partir de la emergencia sanitaria, los encuestados señalaron que hasta en un 70 por ciento se considera están regresando habitantes que trabajaban o vivían fuera de las comunidades, principalmente trabajadores temporales “que han perdido el trabajo en los Estados Unidos y en otros estados de la República”, los que ubican en 56.52 por ciento de los retornados, entre lo que ubican después a los estudiantes (30.43%), desempleados (17.39%) y gente que va a pasar la contingencia (10.87 por ciento).

En el caso de las personas desempleadas, se considera, “es un vector que profundiza la crisis de precarización del trabajo y posiblemente los coloca en una situación de vulnerabilidad que prevemos se acrecentará durante la emergencia sanitaria impactando en los recursos económicos y con ello en la calidad de vida de las comunidades”.

Sobre la disponibilidad de atención médica, un 76.74 por ciento de los encuestados señalaron que “no hay médicos que atiendan COVID en sus comunidades; el 6.98 por ciento no lo sabe y solamente el 16.28 por ciento refiere que sí hay médicos”.

En cuanto al aislamiento de quienes regresan, se considera que se ha aplicado en un 39.13 por ciento de los retornados, aunque “no se han adoptado como una medida generalizada”, mientras que un 17 por ciento refirió no saber si hay medidas de aislamiento.

La organización destaca que hay poca claridad de los impactos que tienen las medidas gubernamentales en las comunidades, ya que “muchas” tienen que desplazarse hasta “varias horas” para acceder a hospitales del IMSS-Bienestar.

En cuanto a los medios y fuentes de información sobre la contingencia, el estudio refiere que el gobierno es la primera vía, seguida de organizaciones de la sociedad civil, radio y TV, radio comunitaria, redes sociales, médicos y centros de salud comunitarios, promotores de salud y profesores de la escuela. El reporte destaca que ante las fuentes iniciales como el gobierno y redes sociales, los habitantes destacaron que se generó “incredulidad y miedo”, dando mayor certeza cuando las organizaciones civiles han tomado una mayor presencia activa en informar, “sustituyendo a las redes sociales, incluso por encima del gobierno”.

Respecto a las situaciones de contagio, los resultados refieren que no se sabe con certeza cuántas personas se encuentran enfermas, o “no reportan conocimiento de una gran incidencia de casos, lo que significa que al momento del cierre de este monitoreo no se han presentado brotes comunitarios que deriven en contagios masivos”, aunque advierte que “esta situación puede cambiar en cualquier momento en el transcurso de los próximos días”.

El segundo monitoreo arrojó que aumentó el conocimiento sobre ubicación de clínicas comunitarias, a menos de dos y hasta cinco horas de sus comunidades, o incluso algunos refirieron no saber “cómo se trasladarían en caso de agravamiento de la enfermedad”.

Sobre los ingresos económicos, en su mayoría los habitantes tienen un empleo inestable (45.65 por ciento, contra un 8.70 por ciento con estabilidad laboral), aunque siguen laborando, y sólo un 36.96 por ciento ha dejado de trabajar. En cuanto al acceso a la alimentación, la mayoría, 71.74 por ciento, declaro tener acceso a la comida producida para el autoconsumo y acceso a fuentes de abastecimiento como mercados o central de abastos en un 39.13 por ciento y sólo 6.52% consideró que se estaba en “crisis alimentaria”.

Respecto a planes comunitarios para atender contingencias sanitarias o alimentarias en la comunidad, en su mayoría (58.70 por ciento) afirmaron que no se cuenta con los mismos y aunque por el momento no existe una crisis por desabasto de agua, “en algunas comunidades se proyecta que hacia las siguientes semanas, se racione el agua y con ello se vivan situaciones de escasez”.

Seguridad y conflictividad

Sobre las situaciones de inseguridad y violencia, el reporte señala que se mantienen las mismas que antes del inicio de la contingencia sanitaria por la COVID-19, con la percepción en cinco comunidades de que han aumentado y en otras seis manifestaron vivir una “situación de crisis”.

Los incidentes han sido, mayor presencia del crimen organizado; bloqueos de grupos criminales; homicidios, desapariciones, balaceras, amenazas y extorsiones, que “hablan, por un lado de la ausencia del Estado en sus tareas de seguridad; y por el otro, de la intención de actores como el crimen organizado que aprovechan el confinamiento de las comunidades para avanzar en el control del territorio”.

Las organizaciones que realizaron los monitoreos son, Servicios y Asesoría para la Paz, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Aura Investigación Estratégica, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Enlace, Comunicación y Capacitación, Salud y Desarrollo Comunitario y Servicios para una Educación Alternativa.

Imagen: Taller Photofractal.