Una salida emergente que pondría en riesgo los recursos ordinarios para el próximo año, ha planteado la federación a varias universidades agobiadas por la insuficiencia financiera y que mantienen sin salarios y prestaciones a sus agremiados.

 

Raúl López Téllez

Al filo del cierre del 2020, la federación anuncia el apoyo extraordinario para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, parte de un paquete de rescate a otras cinco universidades bajo el déficit financiero y que tiene a sus comunidades académicas y de empleados administrativos y manuales sin los pagos de salarios y prestaciones correspondientes a diciembre.

La decisión, tomada tras una reunión el pasado martes 29 de diciembre entre el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el rector de la UM, Raúl Cárdenas Navarro, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Carmen Rodríguez Armenta, titular de Educación Superior Universitaria, no transparenta las condiciones bajo las que se llegó para liberar los fondos extraordinarios al igual que se ignora el monto previsto para que sean saldados los compromisos de la autoridad universitaria, previsiblemente por 650 millones de pesos, con los sindicatos de Profesores y Único de Empleados (SPUM y SUEUM respectivamente).

Cabe señalar que en el comunicado 831 emitido por la Rectoría de la UM el pasado lunes 28, en ningún punto se establece qué acuerdos se tomaron con la federación para acceder al apoyo extraordinario. Sin dejar de aludir a las “intensas gestiones” de Cárdenas Navarro ante instancias federales y del estado, el comunicado indica que en la reunión con los funcionarios de la SEP y Aureoles Conejo, “se evaluó la posibilidad de que se acceda a recursos extraordinarios suficientes para cubrir en los siguientes días los adeudos pendientes con los trabajadores universitarios”.

El monto que se calcula aportará la federación en este fin de año es de 2 mil millones de pesos para las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de las de Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Morelos y Sinaloa, mismos que solventarían adeudos hacia sus plantas académicas y de empleados y a las que desde el 2018 también se les impusieron condiciones para el saneamiento financiero y administrativo.

El conflicto financiero que arrastra la UM con mayor agudización desde el año 2017, generó la impugnación de 19 secciones sindicales hacia el Comité Ejecutivo General del SPUM encabezado por Jorge Luis Ávila Rojas, que en un desplegado piden se convoque a reunión del Consejo General con carácter extraordinario para exigir al CEG el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, a la vez que se realice un Congreso General de Representantes -máxima autoridad en el gremio de los académicos-, para atender las violaciones contractuales a la vez que advierte sobre el presunto contubernio entre la dirigencia y Cárdenas Navarro para modificar el Contrato Colectivo de Trabajo respecto a las prestaciones y de las que ya se ha reformado el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, aunque se mantiene en litigio en tribunales federales.

De acuerdo con los compromisos firmados en diciembre del 2018 por el entonces rector Medardo Serna González con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se otorgaron en ese entonces apoyos por 500 millones de pesos para cubrir adeudos con los gremios, condicionados a la reforma a Pensiones, iniciar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, detener la contratación de nuevo personal y analizar prestaciones no reconocidas por la federación a los sindicalizados, y que los representantes seccionales acusan como un intento de eliminar en los contratos colectivos conquistas logradas en aras de mantener un equilibrio con las limitaciones al aumento en el salario directo.

Concretamente, en el Plan de Acción del Anexo de Ejecución del convenio firmado en diciembre del 2018, se plantea entre otros factores que de acuerdo a la federación han generado el déficit financiero en la UM, “el haber convenido prestaciones con su personal por montos mayores a los recibidos por el modelo de financiación SEP-SHCP, derivadas de las revisiones contractuales con el conocimiento de las autoridades sin la regularización ordinaria de los recursos y la falta de actualización del sistema de jubilaciones y pensiones de su personal”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, “en esta administración ha disminuido el número de universidades en situación crítica, además de que los gobiernos estatales han aportado 50 por ciento de los recursos requeridos, haciéndose corresponsables del saneamiento financiero de sus instituciones”, según señala la nota publicada en el diario La Jornada este miércoles 30 de diciembre.

Según la SEP, “al inicio del gobierno había nueve universidades en esta situación, y que en 2018 se les apoyó con 100 por ciento de los recursos requeridos para cerrar el año, mientras en 2019 el apoyo federal fue de 50 por ciento y un porcentaje similar de los gobiernos estatales”, aunque sobre este último aspecto, cabe señalar, la administración de Aureoles Conejo aporta apenas el 30.55 de los recursos a la Casa de Hidalgo, cifra que no ha variado desde el año 2016.

Para el presente año, según la SEP, “se notificó desde el principio que no habría recursos adicionales, por lo cual las universidades deberían realizar los cambios necesarios para cumplir con sus compromisos de nómina y así transitar al año fiscal. Algunos de estos cambios han sido modificaciones a los regímenes de pensiones y de contrato colectivo de trabajo”.

Fotografía, aspecto de Ciudad Universitaria bajo la pandemia.