Ante una creciente deforestación, incendios y cambios de uso del suelo, poco abona el intento de reformar la ley ambiental en Michoacán, de acuerdo con ambientalistas, quienes advierten de regresiones en participación social sobre un tema que climáticamente ya cobra sus facturas.


Raúl López Téllez

Ambientalistas y especialistas rechazaron el dictamen con el cual el gobierno de la entidad pretende impulsar una reforma a la actual Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo, al considerarla un retroceso en cuanto a excluir la participación ciudadana además de que propiciaría el cambio de uso del suelo para favorecer a determinados sectores y poner en riesgo a las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

En su visión, la iniciativa que impulsan los diputados del Congreso local es excluyente y regresiva al eludir formas de participación social como las consultas públicas, privilegia un carácter recaudatorio al pretender centrar en sanciones y multas a ciudadanos acciones que en su mayoría cometen las industrias, al igual que advierten que propiciará para ventaja de algunos sectores –como el aguacatero o el inmobiliario-, el cambio de uso del suelo y la impunidad, al no plantear medidas punitivas o sancionadoras para los infractores.

En una rueda de prensa virtual, la catedrática e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Ávila, consideró que el aspecto excluyente es uno de los más graves de este intento de reforma, la que calificó como “débil”, ya que no fueron consultados especialistas o grupos organizados de la sociedad, al igual que en sus conceptos plantea despojar a la ciudadanía de elementos como la consulta y su derecho a participar en la objeción o aprobación de proyectos y obras que involucren al medio ambiente.

Los participantes plantean que se convoque a la discusión pública del dictamen planteado por el gobierno estatal y que apoyan los partidos representados en el Congreso, al implicar riesgos como el que, dijo Ávila, “se haga tan fácil el cambio de uso del suelo en las ANP y no exista todo un proceso de si es factible o no; la conservación se vuelve en un asunto de trámite y con estos se mercantiliza a las Áreas Naturales Protegidas”.

Carmen Buerba, de la Universidad Michoacana, señaló por su parte que la propuesta del Ejecutivo estatal pretende contar con una norma “más laxa” en cuanto a ampliar los plazos para las sanciones o aplicar medidas de mitigación. Puso de ejemplo el uso de los plásticos, en los que dijo, mientras las grandes cadenas comerciales o supermercados, acordaron en un mes y medio eliminarlo, en el dictamen se plantea un plazo de hasta más de dos años.

Ávila también criticó el carácter recaudatorio de la reforma, ya que señaló que los fondos ambientales que se supone generarán tales recursos serán manejados por el gobierno, de acuerdo al dictamen, sin la participación de organizaciones civiles o ciudadanas lo que hace “ambiguo” su manejo y propiciaría la corrupción o el desvío de recursos hacia otros fines convirtiéndolos en “caja chica” y con “un manejo discrecional”, lejos de constituirse en un seguro ambiental.

Moctezuma Madrigal, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), destacó que en contrario a lo que han señalado funcionarios y los propios legisladores, el dictamen de reforma no plantea acción alguna en contra de los cañones antigranizo, cuya tendencia aumenta en la entidad y que según el secretario de Medo Ambiente estatal, Ricardo Luna, propiciará su regulación.

Candados y planes de manejo sobre Áreas Naturales Protegidas, al igual que de su conservación y restauración, no existen, añadió Madrigal, por lo que advirtió que la norma busca mantener la práctica de “apartar terrenos” para su posterior conversión. En ese sentido, “todas las Áreas Naturales están en riesgo”, como consideró Carlos Olivares, también del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma.

Luis Juárez, del MCDL, señaló que el dictamen representa un retroceso al abonar a la opacidad con eliminar el derecho ciudadano a consultar mediciones de impacto ambiental, además del de solicitar consultas públicas y poder presentar observaciones a estas. Recordó que estos derechos en el caso del debatido Ramal Camelinas, con la participación ciudadana y de especialistas fue la que abrió el camino a la presentación de propuestas y observaciones ante, por ejemplo, una cuestionada manifestación de impacto ambiental de la que careció el proyecto.

Un 90% de incendios forestales derivan en cambio de uso del suelo

Julio Santoyo, integrante de una asociación de productores forestales de Villa Madero, aseguró que al igual que en el tema de los cañones, el dictamen evade el concepto de “precaución” surgido de la Cumbre de Río en 2012, y que alude al uso de tecnologías que pueden tener un efecto negativo en su aplicación, como lo pueden ser además el uso de agroquímicos o fertilizantes, por lo que definió la intención de los legisladores como “no amigable con el medio ambiente”, al igual que genera un “vacío” respecto a lo que señalan la propia legislación federal y la que está vigente en Michoacán y que ante los señalamientos, de acuerdo con Ávila, “mejor que se quede como está”.

Santoyo refirió que un 90 por ciento de los incendios forestales terminan en cambio de uso del suelo, tendencia que se replica con el manejo ilegal de los recursos forestales, por lo que una nueva norma debería plantear los límites a estas acciones que generan la pérdida, dijo, de 150 mil hectáreas anuales por siniestros y que repercuten en los recursos naturales, ya que con el cambio de uso, se generan “ollas de agua” que, en el caso de Villa Madero, representa mil 500 de estos depósitos en los últimos años y que limitan el acceso ciudadano al recurso.

Respecto a los riesgos que debería atender la reforma y no centrarse solo en su carácter recaudatorio o bien de su exclusión ciudadana, los participantes en el encuentro con los medios destacaron que hay una creciente deforestación en el estado, aumento propiciado por el cambio de uso del suelo que, de acuerdo con cálculos “discrecionales”, supera el millón de hectáreas anuales.


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