Sindicalizados llaman a desconocer a la actual dirigencia, al igual que critican la gestión de la crisis financiera por parte de la actual administración en la Universidad Michoacana.  

 

Mesa de Cienciario

Catedráticos afiliados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacano (SPUM) reprueban las acciones conjuntas entre la Rectoría y la dirigencia gremial, al pactar a espaldas de los órganos estatutarios y de la institución, “el emplazamiento a huelga por revisión contractual aceptando, con la firma del contrato colectivo 2020, la radical modificación del derecho a la jubilación”.

En un escrito dirigido a los afiliados al SPUM y a la comunidad universitaria, docentes integrados al Movimiento por la Legalidad Movimiento por la Legalidad y la Democracia en el SPUM y la UMSNH señalan que la pandemia generada por la covid-19 y el confinamiento, “han venido ´como anillo al dedo´ al rector Raúl Cárdenas Navarro y a sus pajes del Comité Ejecutivo General (CEG) del SPUM. Con el pretexto de la pandemia no reúnen, ni el uno ni los otros, a las instancias superiores de dirección universitaria y sindical ni rinden cuentas a sus respectivas comunidades”.

En el documento hecho llegar a los medios, los docentes piden la renuncia a Cárdenas Navarro, al igual que la remoción de los integrantes del CEG encabezados por Jorge Luis Ávila Rojas, al considerar que los acuerdos van en contra de los intereses de la comunidad y que, en el caso de la revisión contractual y prorroga al emplazamiento a huelga, conlleva “constantes violaciones contractuales como la falta de pago a la Aportación de Depósito (cláusula 75)”.

Cabe señalar que el actual CEG está impugnado por docentes sindicalizados al considerarlo surgido de un proceso irregular, el cual en respuesta privó de sus derechos a más de 25 catedráticos. El Movimiento por la Legalidad, cuestiona que la gestión de Ávila Rojas ha servido a Rectoría para negociar la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones a partir del XXXVII Congreso General de Representantes realizado en el año 2019 y que a juicio careció de validez al no ajustarse a los criterios estatutarios, cambios que se integrarían en el Contrato Colectivo de Trabajo pactado con Cárdenas Navarro.

“En el caso del SPUM, el pasado mes de mayo el CEG resolvió, por sí mismo, sin consulta a los agremiados ni a las instancias de decisión, el emplazamiento a huelga por revisión contractual aceptando, con la firma del contrato colectivo 2020, la radical modificación del derecho a la jubilación”, refieren los docentes.

“La pandemia ha servido, también, para que, sin acuerdo alguno del órgano competente, el Consejo General, que no se ha reunido desde inicios del año, se omitiera convocar a la Asamblea General Ordinaria que estatutariamente debe reunirse a finales de septiembre; y lo mismo ocurrió con el Congreso General de Representantes que debe hacerlo en los primeros días de octubre.

“Más recientemente, ante las constantes violaciones contractuales como la falta de pago a la Aportación de Depósito (cláusula 75), ha presentado erráticos emplazamientos a huelga que luego el mismo Comité resuelve —nuevamente, sin la intervención de ningún otro órgano sindical— aceptando las prórrogas que el rector ´propone´ a sus sirvientes. Siempre, desde luego, con la bendición de Hill Arturo del Río, quien oficia como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, indican los integrantes del Movimiento por la Legalidad.

Respecto a su impugnación al carácter legal del CEG ante las autoridades laborales, señalan que “después de que su representación había sido admitida formalmente durante la firma del contrato, este tragicómico colectivo de doce integrantes fue declarado por la Junta (de Conciliación y Arbitraje) ´sin personalidad ni personería jurídica´, con lo que queda la duda de si existe como representación sindical. No obstante, la Junta admitió la prórroga solicitada por Jorge Luis Ávila Rojas y sus acompañantes, para el 9 de noviembre a las 18 horas. En esta última fecha, en una nueva reunión de avenimiento, Cárdenas Navarro solicitó, una vez más, la prórroga que ¡por supuesto! fue concedida por los sedicentes dirigentes de los trabajadores académicos”.

A su juicio, “el rector Raúl Cárdenas no ha mostrado ningún compromiso con los trabajadores ni con la comunidad universitaria en general. Por el contrario, el ímpetu que ha mostrado para recortar los contratos colectivos e incumplir con los pagos obligados pone al descubierto a quién sirve”.

De los reclamos a la Rectoría, “no sólo está pendiente el cumplimiento de la cláusula 75, sino también el pago de diversas prestaciones como anteojos y aparatos ortopédicos, reembolso de inscripciones, becas a los hijos de los académicos, pagos de marcha, canastilla maternal y varias otras. Aun cuando el CEG tiene esos recursos, o una parte de los mismos, y había difundido listas (selectivas) para hacer los pagos, suspendió unilateralmente la entrega de los cheques correspondientes a los beneficiarios”.

Además, indican que en el actual momento, donde se prevé no haya recursos para el pago de salarios a partir de diciembre, “una vez más, el rector Cárdenas y su Comité Ejecutivo General han demostrado su ineptitud para resolver los graves problemas de la universidad y de sus trabajadores, pese a ´posicionar a la institución´ en dudosos ránquines internacionales y al pago de campañas de imagen para su representante legal”.

El Movimiento por la Legalidad y la Democracia llama “a que se reúnan las asambleas seccionales, se dinamicen los comités seccionales, se exija la inmediata convocatoria al Consejo General y, en su caso, se presenten denuncias ante la Comisión Autónoma de Vigilancia para sancionar la traición a los principios del sindicato y los perjuicios infligidos a los trabajadores”.

Fotografía: Catedráticos protestan en el Colegio de San Nicolás, en el 2019, en contra de la presunta instalación legal del XXXVII Congreso General de Representantes.