Ambientalistas reiteraron escenarios de riesgo para los recursos naturales de la entidad y hechos a un lado por diputados locales, al impulsar un ordenamiento que a su juicio privilegia el interés de particulares sobre el derecho colectivo.

 

Mesa de Cienciario

Tras reiterar sus críticas a la reforma de Ley en materia de medio ambiente por considerarla “autoritaria y regresiva”, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma anticipó un “albazo” legislativo para imponer la nueva norma y en la que no se consideraron las observaciones de organizaciones civiles.

“La Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, presidida por la diputada morenista Mayela Salas, está a punto de dar un albazo legislativo con el dictamen de Ley anti-ambiental, el cual pretende imponer el gobernador perredista Silvano Aureoles. El dictamen se caracteriza por tener una dedicatoria a favor de grupos de poder fáctico en un contexto electoral, además de ser profundamente lesivo, regresivo y agresivo contra los derechos sociales, autoritario y dañino para los ecosistemas michoacanos”, señalaron los ambientalistas en rueda de prensa.

Sobre el dictamen aprobado en comisiones, señalan que “la iniciativa vulnera derechos fundamentales como el derecho humano a un ambiente sano, el derecho a la consulta y el principio de progresividad”, consideran que la misma “persiste en la privatización del medio ambiente, la desprotección de las áreas naturales protegidas y excluye al pueblo de conocer, debatir, rechazar o en su caso incorporar observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental”.

A su juicio, “el dictamen es regresivo porque privilegia medidas recaudatorias a costa de los derechos sociales. La aplicación del principio de ´el que afecta paga´ permite a la agroindustria de aguacate y ´berries´ el uso de tecnologías destructivas como las mega ollas de agua y los agrotóxicos. Los daños de estas técnicas no pueden ser mitigados por lo que deberían ser estrictamente prohibidas”.

Los integrantes del Movimiento hicieron énfasis en la fracción III del artículo tercero de la reforma propuesta, sobre la pretensión de “…hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los ecosistemas…” y que, aseguran, abre la puerta “a la explotación indiscriminada” de recursos.

Respecto a los instrumentos recaudatorios -verificación vehicular, pago de seguros, pago por servicios ambientales, contribuciones por emisiones de gases de efecto invernadero, que se constituirán en el Fondo Ambiental del Estado (artículos 202 y 150)-, reiteraron que no especifica con transparencia cómo será administrado.

Para los ambientalistas, hay “prisa por sacar este dictamen en forma fast-track”, no obstante que la “ley ambiental Aureoles-Salas” vulnera desde su punto de vista los siguientes rubros:

-El derecho a la participación: en el artículo 31, fracción III del dictamen, de las consultas para programas de ordenamiento ecológico, se evade establecer un procedimiento y plazo prefijado y suficiente para observaciones y no al gusto de la secretaría en cada caso, así como hacer una convocatoria abierta a la reunión pública de información y no por invitación. Tampoco contempla que la participación de la sociedad en el diseño de los Programas de Ordenamiento.

-Respecto a las Manifestaciones de Impacto Ambiental en el artículo 41, “no se plantea la reunión pública de información, negando el derecho a la información e interpelación sobre los proyectos en cuestión”.

-Para las reformas en ambos casos, de participar en Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y Ordenamientos, “se viola el principio de progresividad, de aumentar derechos”.

-Permite la afectación de las Áreas Naturales Protegidas; “viola la progresividad pues la reforma mantiene el vicio de la ley vigente (artículo 76 ley actual y 90 del dictamen) sobre la posibilidad de cambiar el área protegida para reducirla o fragmentarla, cuando debería permitir exclusivamente su cambio para extender su polígono”, ante lo que consideran que “esos artículos deberían de ser cambiados en su totalidad”.

-Permite la privatización de las áreas naturales protegidas: Artículo 94 fracción III vuelve a establecer la posibilidad de que privados administren las áreas naturales protegidas. Contrario a la ley federal, LGEEPA Artículo 66 fracción III.

-Mantiene la aplicación de agrotóxicos: la iniciativa no es categórica en su prohibición, y por el contrario, con una redacción engañosa deja abierto el uso de cualquiera de estas sustancias, al referir en el artículo 125 una “etiqueta” inexistente y una comisión inexistente, mostrando su ignorancia de la normativa establecida por COFEPRIS, en la NOM 232-SSA1 2009 sobre plaguicidas.

En resumen, señalaron, “por su contenido y forma, el proyecto de dictamen vulnera gravemente el derecho humano a un medio ambiente sano. Además, omite el derecho a la participación, ya que el proceso de foros de consulta fue una simulación: los legisladores ignoraron la mayoría de las opiniones de las y los expertos, del COEECO y las demandas sociales de decenas de organizaciones ambientalistas. El dictamen se fraguó a puerta cerrada en un proceso opaco plagado de autoritarismo. De allí que exigimos al congreso y al gobierno estatal que presenten los documentos y propuestas generadas por la ciudadanía en los foros de consulta realizados”.

En tanto la actual legislatura no exige siquiera la elaboración del reglamento de la ley ambiental vigente, consideraron, “la propuesta de ley Aureoles-Salas es incompleta, deficiente y tramposa al enviar de manera intencional algunos preceptos ambientales y sociales importantes al reglamento”.

Fotografía: Gatto Tere | Unsplash