Tiburones, pepinos de mar, abulones, reptiles, jaguares y especies forestales como maderas preciosas, forman parte del listado de un saqueo de recursos a cargo del crimen organizado propiciado por una débil posición gubernamental y un marco legal endeble. Estas condiciones, aparte de que no ayuda a retratar el fenómeno con toda certeza, alentarían que incluso sus alcances sean mayores de lo que se supone.
Leonor Solís
¿En qué momento el crimen organizado comenzó a controlar el tráfico de especies en México? Es probable que no lo podamos determinar. Lo que si sabemos al día de hoy es que los saqueadores de especies prohibidas han existido siempre, pero en la última década dichos saqueadores locales, nacionales o internacionales han sido suplantados por los grupos del crimen organizado, quienes no sólo se han expandido geográficamente sino hacia una diversidad de mercados, entre ellos el de la biodiversidad.
Los grupos criminales al ir expandiendo el control de diversos territorios de México, los convierten en zonas prohibidas para funcionarios gubernamentales, investigadores y defensores del medio ambiente. Por ello, resulta prácticamente imposible conocer los alcances que tiene la cacería furtiva, la tala ilegal y el tráfico de especies tanto terrestres como marinas en nuestro país, que ya no sólo van al mercado de Estados Unidos como se hacía antes, sino que ahora China se ha convertido en uno de los principales mercados de la biodiversidad.
Para investigar y descifrar toda esta red de ilegalidad, la experta estadounidense en crimen organizado, Vanda Felbab-Brown, ha publicado recientemente una investigación para el Instituto Brookings titulada, “Tráfico ilegal de especies en México ligado a China”. En su reporte, la investigadora habla sobre la poca atención internacional que tiene el tema del tráfico de especies entre China y México. Recalca además la importancia de las amenazas que representan para la biodiversidad mexicana, donde el alcance del tráfico de biodiversidad hacia China seguramente sea mucho mayor de lo que se suele entender. Entre las especies que son contrabandeadas a China están los reptiles, la totoaba (ligada a la extinción de la vaquita marina), el abulón, los pepinos de mar, los tiburones, los jaguares y diversas especies forestales de las llamadas maderas preciosas.
“No existe suficiente atención internacional sobre el tema del tráfico de especies entre China y México. En realidad es un tema del que se sabe muy poco y posiblemente sea mucho mayor de lo que alcanzamos a vislumbrar. El contrabando de especies a China incluye a la totoaba, tiburones, pepinos de mar, abulones, reptiles, jaguares y especies forestales como maderas preciosas. Desafortunadamente es el crimen organizado quien ha cobrado un papel protagónico en esta actividad ilícita”, señala la especialista.
La forma de operar de dichos mercados puede ser a través tanto del comercio legal como del comercio ilegal. La autora menciona en su investigación que el comercio legal facilita las actividades de lavado de dinero de los grupos criminales mexicanos, como un mecanismo de transferencia de valor a los comerciantes chinos a cambio de los precursores químicos para la producción de drogas como el fentanilo y la metanfetamina, que posteriormente se producen en México a través de dichos precursores. De manera que al día de hoy en México, mucho más que en otras partes del mundo, el tráfico de la vida silvestre para los mercados chinos está cada vez más entrelazada con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la transferencia de valor de las economías ilícitas.
Felbab-Brown indica en su informe que el gobierno chino niega su responsabilidad e insiste en que los problemas pertenecen más bien al gobierno mexicano, a sus débiles protecciones ambientales y la falta de la aplicación de la ley ambiental, reconociendo la carencia de mandatos, personal y el equipo necesario para prevenir y detener los delitos ambientales.
Para la autora, hay dos dimensiones en las políticas de López Obrador que están siendo contraproducentes y están haciendo que la biodiversidad de México se encuentre en un momento de extrema vulnerabilidad. Por un lado, está la política de no confrontación hacia los grupos criminales –“abrazos no balazos”-, eliminando cualquier tipo de persecución o vigilancia policial, donde en resumidas cuentas el Gobierno ha desistido de perseguir a los carteles.
Sí, está la Guardia Nacional, y de vez en cuando la despliega en algunas áreas del país, como en Michoacán, pero en muchas ocasiones la instrucción es que solamente se queden de pie, en la calle. No confrontan, no detienen a los criminales. La esperanza gubernamental es que de alguna manera, casi por arte de magia establezcan sus territorios y la violencia descienda.
Por otro lado, el Gobierno ha diezmado los ya de por sí pequeños presupuestos de todas las agencias medioambientales en México. Los recortes a veces han sido de hasta el 90 por ciento de un año para otro, básicamente eliminando la capacidad de vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas del país. El Gobierno además ha estado promoviendo una serie de políticas contrarias a la protección del medio ambiente, apelando a criterios sobre creación de infraestructura como de seguridad nacional para no tener que cumplir con las regulaciones ambientales.
La escasa presencia de funcionarios ambientales mexicanos sobre el terreno, tanto en las zonas protegidas como en las no protegidas, junto con el hecho de que los grupos criminales mexicanos a menudo ejercen el dominio y el control de extensos territorios que se convierten en zonas prohibidas para los funcionarios gubernamentales y los defensores del medio ambiente, también significa que la visibilidad del alcance de la caza furtiva, la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre en México es difícil, limitada y restringida.
Se carece de informes detallados sobre las investigaciones de delitos ambientales, así como de bases de datos sistemáticas sobre incidentes de delitos ambientales y sobre la caza furtiva. El intrépido trabajo de los defensores del medio ambiente que ha documentado la caza furtiva de plantas y animales, en lugares como la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán, pone en peligro a quienes lo hacen. Los defensores ambientales en México se enfrentan cada vez más a una intimidación violenta y muchos de ellos son asesinados.
Uno de los casos más conocidos en el país en relación con el crimen organizado y la pesca ilegal es el de la totoaba, también conocida como la “cocaína del mar” dado que su costo es mucho mayor que el de esa droga. Sin embargo, la pesca ilegal va mucho más allá de la totoaba. Muchas de las pesquerías legales están siendo controladas sistemáticamente por los carteles. Desde los pescadores furtivos más pobres hasta los operadores más grandes que exportan al extranjero, hay una enorme presión no solo para pagar extorsiones, sino también para convertirse en una especie de subsidiaria. El Cartel de Sinaloa está exigiendo a las plantas procesadoras que compren el pescado que ellos le llevan. Estas plantas son las que emiten los certificados que respaldan la legal procedencia del pescado y son coaccionadas para expedir certificados falsos para ellos.
El control, más allá de las drogas
Los hoteles están siendo forzados a comprar el pescado de los carteles, hay un control absoluto de facto, una monopolización de la industria pesquera en manos de los carteles en muchas regiones del país. Es más significativa en el oeste, pero también ocurre en la península de Yucatán, en Tamaulipas, en Veracruz.
El fenómeno sólo refleja que ahora los carteles van controlando otros mercados fuera de la droga. La autora menciona como este modus operandi en Michoacán se expande con Guerreros Unidos, para el caso de la tala ilegal, mientras que el Cartel Jalisco Nueva Generación se limita a las extorsiones, pero aprende de las estrategias del de Sinaloa para monopolizar algunos mercados.
Desafortunadamente los impactos de la diversificación de los carteles hacia la biodiversidad no se detienen allí, sino que involucran a las comunidades por ejemplo de pescadores tradicionales, dado que los carteles les pagan con drogas y los vuelven adictos, muchas veces convirtiéndolos en narcomenudistas. Este caso se conoce desde las costas de Sinaloa hasta las de Michoacán.
En una entrevista realizada por el periódico español El País, a la autora de la investigación mencionada, se le preguntó si además de la industria pesquera pasa lo mismo en otros mercados como la venta de madera o la minería. A lo que Felbab-Brown respondió que existen patrones muy similares en otros mercados, por ejemplo en Tierra Caliente, donde “prácticamente cualquier tipo de producción agrícola, no sólo el aguacate, sino también el maíz o los cítricos, están controlados por el crimen organizado. En la industria minera lo mínimo que encuentras son extorsiones, pero muy frecuentemente va mucho más allá. Es parte de la enorme tragedia y la triste consecuencia de la decisión del Gobierno de López Obrador de no perseguir a los carteles. Las comunidades, los empresarios, la gente que busca salir adelante de una forma legal, ve cómo su existencia se ve controlada por los carteles”, agregó.
La autora reconoce que las problemáticas de la biodiversidad son intrínsecamente importantes. Pero esto además es solo una pequeña parte de este enorme control criminal sobre las comunidades, las vidas y los gobiernos de México.
La cuestión más grande es que el tráfico ilegal de especies, donde el caso de China es mundialmente conocido, es una fuente de enfermedades zoonóticas como la covid-19, está conectado con la calidad de vida de la gente, la seguridad básica, y tiene muchas ramificaciones muy peligrosas, que se suman a los problemas ambientales globales más urgentes: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad global.
Liga a la investigación:
https://www.brookings.edu/research/china-linked-wildlife-poaching-and-trafficking-in-mexico/
Ilustración de portada: Pascallelay | Pixabay
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