Un total de 340 trabajadores del Seguro Popular quedaron a la deriva con la disolución de esta figura por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. En manos del gobierno estatal, aducen, está el reinstalarlos y reconocer sus derechos, como lo señala la reforma a la Ley de Salud vigente desde diciembre del 2019.



Mesa de Cienciario

Trabajadores del extinto Seguro Popular demandan su reinstalación inmediata dentro del esquema del Instituto de Seguridad para el Bienestar (Insabi), creado por la actual administración federal, al considerar que el gobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo los despidió sin justificación alguna, toda vez que el esquema del nuevo marco de seguridad social contempla su reinstalación plena y el reconocimiento de sus derechos.

Agrupados en el Movimiento de Trabajadores, quienes prestaban sus servicios en el SP en el estado hasta diciembre del 2019 se han mantenido movilizados desde entonces y en demanda de su reinstalación, para lo cual aluden al artículo tercero transitorio del decreto de reforma a la Ley de Salud, mismo que refiere que “los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables”.

En rueda de prensa, los trabajadores manifestaron que el propio decreto de extinción del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), otorgado por el Seguro Popular, ampararían sus derechos en los artículos tercero y octavo, que al respecto señalan:

“Artículo tercero:Los derechos laborales de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo, serán respetados de conformidad con la legislación laboral aplicable.

“Artículo octavo. Las adecuaciones presupuestarias que deban realizarse como consecuencia del proceso de extinción y liquidación definitiva del Organismo, incluirán las transferencias de recursos humanos y de los activos patrimoniales como bienes inmuebles, numerario, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, sistemas, maquinaria, archivos y, en general el equipo que el citado Organismo Público Descentralizado, haya utilizado para el despacho de los asuntos a su cargo, conforme a la normatividad aplicable”.

Aluden a que en un documento del 30 de diciembre del 2019, “emitido por el Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar –responsable del Insabi-, de igual manera nos otorga la continuidad laboral, lo cual hasta hoy día la autoridad estatal no está cumpliendo”.

En total, son 340 trabajadores que no perciben salario alguno desde enero de este año y de los que “el 80 por ciento de estos, ya tenían demandas laborales por violaciones a sus derechos desde el 2015, violaciones tales como la falta de seguridad social, el pago con tabuladores 2007 entre otras, y ahora a las cuales se les complementara la de despido injustificado, sumando así la secretaria deuda que terminara pagando el estado”.

En sus movilizaciones, los trabajadores han buscado manifestarse ante funcionarios de Gobierno, aunque sin éxito, ya que se les ha impedido el paso, como ocurrió el pasado 14 de mayo, durante el arranque del Centro de Inteligencia en Salud y en donde elementos policiacos intentaron desalojarlos del acceso e impidieron que ingresaran al evento.

De otros encuentros, dicen, “hasta el momento hemos tenido más de con reuniones con diferentes autoridades del estado sin que en alguna se haya llegado algún acuerdo en todas y cada una de ellas, la secretaria de Salud (Diana Carpio Ríos) ha sido muy tajante y cerrada en decirnos que para el área administrativa no hay espacio y que no nos recontratara”, postura que señalan es contraria a la del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell el 28 de mayo, “donde afirma que el área de gestores y afiliación ya habían sido reasignados a Promotores de Salud, y donde para el caso de Michoacán hay que dejar en claro no fue así”.

Imagen, cortesía del Movimiento de Trabajadores del Extinto Seguro Popular en Michoacán.