Especialistas llamaron a diputados a una consulta pública sobre la iniciativa de reforma al marco regulatorio de los recursos naturales en la entidad, en la que advierten retrocesos incluso ante derechos ya concretados en el marco legal federal.
Raúl López Téllez
Michoacán requiere una “verdadera” ley ambiental, que privilegie la participación y el interés ciudadano, social y comunal sobre el uso y destino de los recursos, sobre el interés de particulares o empresarios, por lo que la iniciativa de reforma a la norma que discute el Congreso debe ser transparente e ir más allá de un carácter recaudatorio, con la restitución y manejo adecuado de los mismos, al igual que regular o sancionar tecnologías cuya eficacia esté en duda.
En términos generales, fueron las coincidencias planteadas ayer durante el “Foro Social: la Ley Ambiental que necesitamos”, realizado de manera virtual por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, donde los ponentes, académicos y ambientalistas de organizaciones civiles, llamaron la atención sobre los constantes cambios de uso del suelo en los últimos años y a la par de cambios en las leyes; la conceptualización de las Áreas Naturales Protegidas como “reservas” y una contaminación atmosférica generada en mayor medida por las agroindustrias, situaciones que debe enfrentar una ley en la que, insistieron, debe convocarse a los sectores sociales a su integración.
Iniciativa “retrógrada”
Tan solo en el aspecto de la participación social, como en otros rubros, la iniciativa propuesta por Silvano Aureoles Conejo para sustituir la actual, que data del 2017, ni siquiera contempla los criterios de la Ley general que rige en el país, destacó la investigadora de la UNAM Campus Morelia, Patricia Ávila, quien llamó la atención sobre el hecho de que en las anteriores leyes, hasta la última del año citado, se habla de que la misma se orienta hacia “el interés público” y que en el texto del actual gobernador, se cambia el concepto por “orden público”, lo cual puede tener consecuencias y dista mucho de significar lo mismo, como ponderar el beneficio social y no el de ciertos grupos, señaló.
Las últimas normas ambientales para el estado, añadió, “se han venido haciendo más laxas” en cuanto a limitaciones para el aprovechamiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP); hasta la existente en 1992, dijo, “tenía más candados” como el que éstas zonas no podrían prescribirse. “Se ha ido desregulando lo ambiental” y las ANP se han convertido “en reservorio para un potencial cambio de uso del suelo” y que se van reduciendo en su extensión de acuerdo a ese interés.
Sobre las ANP, pidió que en el documento que discuten los legisladores locales, se incluya el rubro de la recarga de mantos acuíferos y que no aparecen en el anteproyecto, al que no dudó en definir como “retrógrada” al desaparecer la participación social y la sustituye por “actores económicos” como los empresarios.
Elena Burns, apeló a que los elementos que plantea la discusión para una Ley general sobre uso de aguas en el país, se puedan integrar en el marco estatal, como definir el derecho humano al recurso y establecer las consultas a la comunidad como una dinámica obligatoria y legal. Llamó la atención sobre el carácter impositivo o recaudatorio con que se pretende exonerar a responsables de daños ambientales bajo el principio de “el que dañe que pague”; señaló el caso de la empresa minera Grupo México, acusada de contaminar con metales pesados varios afluentes en el norte del país, al considerar que los efectos son irreversibles y no se pueden subsanar con una multa o impuesto, que se aplicó al consorcio como “reparación del daño”.
Calidad del aire sin monitoreo
Carlos Olivares, ambientalista, aludió a que el tema de la contaminación ambiental en Michoacán es causada más por las agroindustrias que por los automotores, por lo que señaló que la problemática va más allá de las verificaciones vehiculares y debe avanzarse incluso a la desaparición de este medio de transporte como ya se ha planteado en algunas ciudades de Europa, entre las que mencionó a Ámsterdam o Copenhague.
Destacó que en Michoacán el último diagnóstico sobre la calidad del aire data de hace siete años, en tanto que no existen estaciones adecuadas para registrar la misma. El observatorio de la Universidad Michoacana, con tres estaciones, hace mediciones sobre temperaturas o condiciones climáticas, pero no sobre los niveles de contaminación, adujo, al plantear que un nuevo marco legal debería integrar como obligatoria la evaluación constante, continua, de los impacros generados al ambiente.
Además de las agroindustrias, otro factor de contaminación ambiental son los incendios forestales, señaló, al igual que los agrotóxicos utilizados principalmente en los cultivos de exportación como el aguacate y otros frutos.
Respecto al impacto de tecnologías, como es el caso de los cañones antigranizo, el analista Julio Santoyo manifestó que ante las dudas que la misma ciencia mantiene sobre su utilidad, la iniciativa de reforma –que no contempla el tema-, debe incorporar criterios a favor de la naturaleza y el medio ambiente cuando no se tiene la certeza plena de los efectos de una técnica específica, además del principio de precaución planteado en la Cumbre de Río como recomendación a incorporar en los marcos ambientales del mundo.
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Imagen, Pixabay.
