En una sesión que ha quedado pendiente por escaramuzas previas entre el dominante Morena y los partidos opositores en la Cámara de Diputados, se espera que la suerte de estas figuras se decida en lo inmediato.

 

Mesa de Cienciario

Esta semana, incluso este mismo martes 6 de octubre, se plantea como crucial para definir la suerte de los 109 fideicomisos que pretende desaparecer el gobierno federal en aras de la “austeridad republicana”.

El dictamen a discusión desde la semana anterior, propuesto por la Comisión de Programación y apoyado por la bancada del partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), plantea que los fondos de apoyo a la ciencia, al cine, el deporte, al campo, derechos humanos y protección a periodistas, entre otros, queden fuera del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y utilizar alrededor de 120 mil millones de pesos –según Arturo Herrera, titular de la dependencia-, en atender prioritariamente la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La discusión sobre la extinción de las entidades se plantea ocurra esta semana, luego que la oposición “tumbara” la votación del dictamen el pasado jueves primero de octubre, al no alcanzar el quórum necesario. Se citó para este martes 6 de octubre.

En los fideicomisos, ha habido “corrupción, desvíos y despilfarro”, de acuerdo con el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, y principal impulsor de la extinción, aunque no se sabe de irregularidades que hayan sido objeto de demandas formalmente interpuesta por tales señalamientos, aunque igual otras voces a favor de la medida advierten que se beneficiaba a particulares con el desvío de recursos, además de que la mayoría del presupuesto se aplicaba en mantener estructuras administrativas y no operativas.

De acuerdo con Herrera, quien participó en la rueda de prensa matutina de AMLO este lunes 5 de octubre, la asignación de recursos será más directa y ejemplificó con el Sistema Nacional de investigadores y el Sistema Nacional de Creadores.

“El Sistema Nacional de Investigadores se paga directamente desde la Tesorería a la cuenta del investigador. El sistema Nacional de Creadores pasa a través del FONCA, entonces en realidad la transferencia va a ser mucho más rápida y mucho más transparente», dijo Arturo Herrera (El Financiero, 5 de octubre).

“Los fideicomisos pueden tener una razón de ser. Técnicamente son un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Los recursos que se obtengan de la eliminación de esos fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin en todo caso”, explicó.

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, PRI, PAN, PRD y MC, por su parte, consideran que la salida de los recursos directamente aplicados, abre la sospecha de opacidad en su uso, aun y cuando el mismo Delgado y voceros de Hacienda han señalado que se mantendrán los beneficiarios.

Anuncio desde abril

Desde el 2 de abril del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el proyecto de extinción de los fideicomisos. Con el anuncio del proyecto, publicado en la fecha en el Diario Oficial de la Federación, se indicó que los recursos que implican el ejercicio de recursos destinados, deberán concentrarse a más tardar el 15 de abril del mismo año en la Tesorería de la Federación, fecha a partir de la cual se habrían suspendido “congelado” los mismos y las entidades dejaron de percibir hasta una tercera parte de lo presupuestado.

En “la mañanera” del 3 de abril, AMLO aludió a 281 fideicomisos, cuyos recursos representarían 250 mil millones de pesos, se dijo en la fecha. En ese momento, el Ejecutivo federal señaló que las prioridades para el “ahorro” de tales recursos sería aplicarlos a: Fortalecer los programas sociales; la reactivación económica y otorgar créditos; fortalecer a Pemex ante la caída de los precios de petróleo, y pagar la deuda pública.

Con el avance de la pandemia por la Covid-19, la prioridad se centró en el discurso oficial en ponderar que con los recursos se fortalecería al Sector Salud en el combate contra la enfermedad.

Para el momento, se dijo que quedarían sin tocar los fideicomisos relativos a situaciones de emergencia, como el Fonden, o aquellos constituidos por ley o decreto legislativo y para los que se requeriría de aplicar reformas para su extinción.

A partir de la fecha, se escucharon las voces en contra de la decisión oficial, sobre todo en aquellos fideicomisos ligados a la investigación científica, principalmente los ligados con las actividades en las entidades a través de los llamados Fondos Mixtos o los que por Ley se consideraban en su carácter de consultores o “pares”, como fue el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con cuya titular, Julia Tagüeña, se alcanzaron roces sobre la cancelación de apoyos con la federación que concluyó en la salida de la investigadora.

De acuerdo con Antonio Lazcano Araujo, en un texto publicado el 9 de septiembre del 2020 en el diario Milenio, esta visión de la federación lleva a un “arrinconamiento presupuestal y mediático” de la actividad científica en México y que reflejaría “la contracción brutal que está sufriendo el aparato científico, y refleja la incapacidad gubernamental para entender el significado social, cultural y económico del trabajo académico”.

El integrante de El Colegio Nacional e investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señala que “en nuestro país, educación superior y desarrollo científico van de la mano, pero uno de los mayores obstáculos que tienen que enfrentar es la ausencia de políticas de financiamiento con candados presupuestales que permitan su desarrollo más allá de las ocurrencias políticas, los caprichos sexenales y las crisis económicas”.

La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt), considera que la eventual desaparición de los fideicomisos, «pone en riesgo programas vitales para mantener la atención profesional y oportuna a los problemas actuales y obstaculiza el camino hacia la autonomía científica y técnica, condenándonos a la sumisión ante los países con sólidas estructuras científicas».

Los alcances del proyecto

El proyecto de dictamen reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Protección Civil, Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero.

Las modificaciones y derogaciones alcanzarían también a la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Aduanera, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Víctimas.

Además, se abrogan tanto la Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos, y la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.

Oportunidad para mejorar la transparencia

Los fideicomisos tomaron popularidad junto al movimiento de privatización durante los años ochenta con el presidente López Portillo. En estos, el gobierno federal, representado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otorga recursos a un particular, el cual actuará como un intermediario para administrarlos a un beneficiario como un grupo o institución.

Durante  la circulación de los recursos no hay rendición de cuentas por parte del intermediario, prestándose a lavado de dinero y desvío de recursos. ¿Quién nos asegura que el dinero llegaba de forma íntegra a los beneficiarios?

De allí la importancia de reevaluar la existencia de estos fideicomisos. De acuerdo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los beneficiarios seguirán recibiendo los recursos pero de forma directa, fortaleciendo la rendición de cuentas. Es nuestro deber como ciudadanos informarnos, saber qué ocurrirá con los fideicomisos y promover la transición a un manejo con mayor trasparencia.

Luis Antonio Ruiz Saucedo, colaborador de Cienciario

Imagen: Protección a periodistas, un rubro que podría quedar a la deriva. Fotografía: Pixabay.