La extinción de los fideicomisos es un tema que sigue en la opinión pública. Aunque la mayoría habla de sus efectos, pocos aluden a sus casi inexistentes reglas de operación.

 

Raúl López Téllez

En su investigación “Fideicomisos en México: el arte de desaparecer dinero público”, la organización FUNDAR señala que estas figuras demandan un aumento cada año de recursos que no son transparentados y que en un 93 por ciento, “no cuentan con controles de vigilancia”.

La investigación publicada en el sitio fundar.org.mx, estima en 835 mil 033.7 millones de pesos, los recursos manejados por estas instancias, de los que la cifra equivale a un 13.7 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y a un 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto registrado en el año 2019.

“No sabemos cómo y en qué se gasta la mayoría de estos recursos”, debido principalmente a que no existen mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas para esos fideicomisos, que carecen a su vez de un “lenguaje ciudadano” para ser entendidos, y un marco legal limitado y complejo, señala.

Desde el año 2013 a la fecha, señala la investigación, “se ha sobregastado más de lo aprobado por el Congreso” y en 2017 “se dio un sobreejercicio de 600%”. La mayoría de los recursos en ese lapso, según FUNDAR, se usaron en “el patrimonio de otros fideicomisos públicos”, y en fideicomisos “constituidos por los gobiernos de los estados o instituciones privadas”.

En su mayoría, se indica, los fideicomisos con “mayor disponibilidad de recursos”, son aquellos dedicados a “estabilización financiera”, hasta en un 33 por ciento; los de “apoyos financieros”, 24.0%; de infraestructura, 18%; pensiones, 11%; subsidios y apoyos, 10%, y prestaciones laborales en una mínima parte.

Dentro de la “complejidad”, la organización señala que “los fideicomisos están formados por distintas entidades que pueden ser privadas, públicas, federales o locales. Esto dificulta el rastreo del ejercicio de los recursos y del acceso a la información”.

Agrega que “la información sobre fideicomisos públicos se encuentra dispersa entre distintas entidades, fragmentada, no es accesible, no tiene formato de datos abiertos y no maneja un lenguaje ciudadano”.

En base a su análisis, FUNDAR estima que un 93 por ciento de los recursos disponible en fideicomisos “es decir, 905 mil millones de pesos, no cuentan con controles de vigilancia”. Otro dato de la falta de transparencia, es que un 60 por ciento de las solicitudes de información sobre el uso de los recursos en fideicomisos, “no son respondidas o la información es declarada como reservada o inexistente. El resto, 40%, son respondidas de forma parcial”.

Dentro de las “normas limitadas”, el estudio señala que “existen 140 fideicomisos públicos federales administrados por instituciones bancarias privadas, que manejan un monto de 68,123 millones de pesos, de los cuales 63, 293 están concentrados en cinco instituciones privadas”, Santander, Banorte, Banamex, BBVA Bancomer y Mifel.

En sus conclusiones, la investigación sugiere que además de la opacidad por falta de transparencia y rendición de cuentas, los datos relacionados con las operaciones de los fideicomisos “son insuficientes para una efectiva fiscalización”, al igual que “no se reportan evidencias de que los fideicomisos cumplan con sus fines”.

Desaparecerlos, “nunca ha sido la respuesta”

FUNDAR establece que no plantea con este diagnóstico que estas figuras desaparezcan. “La extinción radical y masiva de los fideicomisos nunca han sido la respuesta”, señala la organización, “sino a elaborar un diagnóstico serio que permita identificar cuáles son los que han funcionado, cuáles son los que tendrían que reformarse y mejorar sus procesos, y cuáles, luego de una revisión profunda, deberían extinguirse”.

El análisis planteado desde el 2 de octubre de este año en el contexto de la discusión sobre la desaparición de los fideicomisos, señala que “a la fecha, no ha sido clara la racionalidad detrás de la propuesta de extinguirlos y el plan alternativo para atender, en todo caso, los fines para los cuales fueron creados (…) y evitar una decisión discrecional e irresponsable que afectaría gravemente a distintos sectores de la población y la garantía de derechos humanos..”.

Imagen, Pixabay.