En el vacío legal operan productores que recurren al uso de los cañones antigranizo en el estado, tema prácticamente ausente de la misma iniciativa que plantea cambios a la ley ambiental o que, a nivel municipal, se prohíben desde un reglamento a todas luces rebasado por el uso de una tecnología dudosa.  

 

Raúl López Téllez

No existe una legislación que especifique o regule el uso de los cañones antigranizo en la entidad, ya que aunque desde el 2018 se envió al Congreso local la iniciativa para reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, el rubro ni siquiera aparece citado en la misma.

De acuerdo con el analista Julio Santoyo, los criterios de comercialización incluso parecen escapar a la efectividad de estos implementos utilizados para evitar el menor daño posible a productos agrícolas a través de la evaporación del granizo, al igual que no existe un registro puntual de los mismos, indicó durante una rueda de prensa conjunta con ambientalistas acerca de la iniciativa del Ejecutivo estatal.

Según Santoyo existen alrededor de mil 200 cañones en Michoacán, utilizados sobre todo por productores aguacateros. En días pasados, cabe señalar, se generaron manifestaciones de productores agrícolas y ganaderos en contra del uso de estos cañones, al argumentar que ahuyentaban las lluvias, y se dieron a la tarea de derribar algunos en las regiones de Zamora y de Los Reyes.

“Efectivamente, a título personal, hemos verificado el funcionamiento de estos cañones y a ojos vista de que este fenómeno está ocurriendo y que la gente queda sin las aguas”, indicó Santoyo, quien ubicó el uso de los cañones como parte del “círculo” en el que se desenvuelve la franja aguacatera estatal, con efectos adversos para los recursos, como el uso de grandes cantidades de agua, incendio deliberados para provocar cambios de uso del suelo y el uso de plaguicidas contaminantes.

El uso de los cañones en el estado, dijo, “están operando gracias a la ausencia, al enorme vacío que tiene la legislación nacional y estatal”, al igual que destacó que en el país “no existe un censo preciso de cuántos cañones antigranizo están funcionando. Se estima que hay un poco más de mil 200 cañones, de los cuales la mayoría, creo que es el 80 por ciento, son cañones ´patito´, así denunciado por el promotor de su venta en Michoacán, hechos sin las normas técnicas mínimas necesarias para garantizar la seguridad” de su uso.

De acuerdo con especialista, el uso inadecuado de los cañones genera la alteración del ciclo hidrológico de las lluvias, tema por el que existe un amplio consenso en contra de su utilización desde la academia.

Sobre el tema, el Congreso local al igual que autoridades de la Procuraduría Ambiental estatal, entre otras, realizaron una reunión en Los Reyes, donde la alcaldesa de Peribán, Dora Belén Sánchez Orozco, señaló que el municipio cuenta con una ley desde el 2016 que prohíbe el uso de los cañones y que desde tal año no ha autorizado su empleo. La reunión –de acuerdo con un comunicado de la LXXIV Legislatura-, concluyó sin mayores señalamientos con el acuerdo de efectuar un “trabajo coordinado” entre autoridades y productores.

En la reunión se aludió a que las reformas que plantea el gobierno michoacano a la ley ambiental de la entidad, regularían los cañones. El tema ni siquiera aparece mencionado en las propuestas de reforma, de acuerdo con Moctezuma Madrigal, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, y como tal lo señalan en los resolutivos donde se oponen al dictamen: “No incluye la prohibición del uso de los cañones antigranizo, realizados por los empresarios agrícolas (como aguacateros) y que afecta las condiciones climáticas locales como la cantidad y frecuencia de lluvias”.

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Imagen, Pixabay.